Divorcio mutuo acuerdo

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驴Qu茅 es el divorcio de mutuo acuerdo?

Se trata del divorcio convencional, que es aquel que tiene lugar por mutuo acuerdo de los c贸nyuges. El C贸digo civil, tras la reforma operada por la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicci贸n Voluntaria, atribuye la competencia al juez para decretar el divorcio, en los casos de mutuo acuerdo, si existen hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente que dependan de sus progenitores (art铆culo 86 CC). El requisito b谩sico para proceder a este tipo de divorcio es que ambos c贸nyuges est茅n de acuerdo en romper el v铆nculo que los une y que as铆 lo soliciten al juzgado, una vez que haya transcurrido un periodo m铆nimo de tres meses desde la celebraci贸n del matrimonio. La solicitud puede presentarse por ambos c贸nyuges o por uno con el consentimiento del otro, y debe acompa帽arse de una propuesta de convenio regulador. Esta es la 煤nica v铆a de obtener el divorcio de mutuo acuerdo, si existen hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente.

En virtud de la reforma antes se帽alada, si el divorcio fuera de mutuo acuerdo y no existieren hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente que dependan de sus progenitores, los c贸nyuges podr谩n acordar su divorcio ante el letrado de la Administraci贸n de Justicia. Asimismo, tambi茅n le corresponde al juez conocer del divorcio en aquellos casos en que las partes, de mutuo acuerdo, hubieren acudido al letrado de la Administraci贸n de Justicia, y estos hubieren denegado la aprobaci贸n o la elevaci贸n a escritura p煤blica del convenio regulador presentado (art铆culo 90.2.III CC).

El divorcio produce la disoluci贸n del matrimonio. Los efectos de la disoluci贸n del matrimonio por divorcio se producir谩n desde la firmeza de la sentencia o decreto que as铆 lo declare o desde la manifestaci贸n del consentimiento de ambos c贸nyuges otorgado en escritura p煤blica (art铆culo 89 CC). A partir de ese momento, el v铆nculo entre los c贸nyuges deja de existir y, en consecuencia, queda modificado el estado civil de los antiguos c贸nyuges, que pasan a ser personas divorciadas y que, por tanto, podr谩n volver a contraer matrimonio libremente.

La ley permite a los interesados que establezcan los efectos que producir谩 su divorcio聽mediante el convenio regulador que consiste en un convenio en el que los c贸nyuges, utilizando su autonom铆a, pactan las consecuencias de su divorcio. Ello constituye un requisito para la aceptaci贸n de la demanda en los procesos matrimoniales tramitados judicialmente de mutuo acuerdo, tal como dispone el art铆culo 81.1掳 CC. Asimismo, cuando los c贸nyuges acuerden su separaci贸n o su divorcio de mutuo acuerdo ante el letrado de la Administraci贸n de Justicia o en escritura p煤blica ante notario, deber谩n formular un convenio regulador (art铆culos 82 y 87 CC).

El contenido m铆nimo del convenio est谩 regulado en el art铆culo 90 CC. Los acuerdos nunca deben ser contrarios al principio de igualdad entre c贸nyuges y es preciso que no perjudiquen a los hijos. El control judicial o notarial se ejerce a la hora de comprobar que se ajustan a los principios enunciados.

El contenido sobre el que debe recaer el consentimiento de los c贸nyuges es el siguiente:

a) Guarda y custodia de los hijos comunes. No se pacta sobre la titularidad de la patria potestad, sino sobre su ejercicio. Puede atribuirse la guarda y custodia a una tercera persona.

b) Si se considera necesario, el r茅gimen de visitas y comunicaci贸n de los nietos con sus abuelos, teniendo en cuenta siempre el inter茅s de aqu茅llos.

c) Destino de la vivienda conyugal.

d) Contribuci贸n a las cargas familiares y alimentos.

e) Liquidaci贸n del r茅gimen econ贸mico matrimonial.

f) Pensi贸n por desequilibrio econ贸mico.

El convenio regulador puede modificarse judicialmente, a petici贸n de cualquiera de los interesados, o bien por medio de un nuevo convenio, que tambi茅n debe ser homologado por el juez. No obstante, en principio, las medidas que se acuerdan son permanentes y s贸lo se pueden modificar cuando se alteren sustancialmente las circunstancias que dieron lugar a su adopci贸n.

Las medidas que debe adoptar el juez si no existe acuerdo respecto a los hijos

Esta虂n reguladas en los art铆culos 92 a 94 CC y se basan en el principio de que la nulidad, la separacio虂n y el divorcio no eximen a los padres de las obligaciones con respecto a los hijos. Las medidas que se adopten para hacer cumplir dichas obligaciones deben considerar el intere虂s de los hijos. Por ello, sera虂 preciso que

el juez escuche a los hijos que tengan juicio suficiente, siempre que lo estime necesario de oficio, o a peticio虂n del fiscal, partes o miembros del equipo te虂cnico judicial o del propio menor (art. 92.6 CC). Si lo considera necesario el Juez podra虂 pedir dicta虂menes a los especialistas (art. 92.9 CC).

El juez debera虂 decidir sobre las cuestiones siguientes:

a)聽Atribucio虂n de la guarda de los hijos. Se puede atribuir a uno de los progenitores o a ambos de forma compartida, y se procurara虂 no separar a los her- manos. El juez puede acordar la guarda y custodia compartida de los hijos en dos supuestos: a) a peticio虂n conjunta de ambos progenitores (art. 92.5 CC); b) a instancia de una de las partes, con informe del Ministerio Fiscal, cuan- do so虂lo de esta forma se proteja adecuadamente el intere虂s superior del menor (art. 92.8 CC). La exigencia de que el informe del fiscal fuese 芦favorable禄 fue declarada inconstitucional por la STC de 17 de octubre de 2012. Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha de partir de que el re虂gimen de guarda y custodia compartida debe ser el normal y deseable (SSTS de 29 de abril de 2013, de 25 de abril de 2014 y de16 de febrero de 2015, entre otras muchas). No procedera虂, sin embargo, esta medida de atribucio虂n de la guarda y custodia conjunta cuando cualquiera de los padres este虂 incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad fi虂sica, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro co虂nyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco procedera虂 cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia dome虂stica (art. 92.7).

El establecimiento de un re虂gimen de custodia compartida exige determinar los periodos de estancia de los hijos con cada progenitor, el modo de contribuir a los alimentos y la atribucio虂n del uso de la vivienda familiar.

Se podra虂 atribuir la guarda a un tercero cuando los padres no sean capaces de educar correctamente a sus hijos (casos de toxicomani虂a, por ejemplo). En general, los criterios que se utilizan para decidir esta cuestio虂n tienen en cuenta la edad de los padres y la de los hijos, la convivencia continuada con un progenitor, el hecho de mantener a los hijos en el mismo ambiente donde vivi虂an, los riesgos para su formacio虂n o su salud, la mayor garanti虂a del progenitor para cumplir su funcio虂n, etc.

b) Titularidad y ejercicio de la patria potestad. En una sentencia de nulidad, separacio虂n o divorcio, se puede privar a los padres de la patria potestad cuando se deduzca que existe causa para ello, como se dispone en el art铆culo 92 CC. Asimismo, es posible que el juez determine que la patria potestad so虂lo la ejercera虂 uno de los co虂nyuges. No obstante, el otro progenitor continu虂a estando obligado a velar por los hijos.

c)聽Alimentos. El juez determinara虂 la contribucio虂n de cada progenitor a los alimentos. Tambie虂n puede adoptar las medidas que considere convenientes para asegurar el cumplimiento de esta obligacio虂n. Esta u虂ltima comprende la alimentacio虂n聽stricto sensu, la habitacio虂n, el vestido, la educacio虂n, la asistencia me虂dica y lo que sea necesario para el desarrollo de la personalidad del menor. El co虂nyuge a quien se ha atribuido la guarda y custodia del hijo debera虂 tenerlo con e虂l y, si es necesario, contribuir econo虂micamente; el otro co虂nyuge so虂lo debera虂 contribuir econo虂micamente. La cuanti虂a sera虂 proporcional a los medios de cada progenitor. La obligacio虂n de prestar alimentos no cesa automa虂ticamente por haber alcanzado el hijo la mayori虂a de edad, sino que subsiste si se man- tiene la situacio虂n de necesidad no imputable a este.

d)聽El re虂gimen de visitas. El progenitor que no conviva con sus hijos menores tiene derecho a visitarlos de la manera que el juez lo establezca. Este derecho puede ser limitado o suspendido cuando existan circunstancias que lo aconsejen. Igualmente, el juez podra虂 determinar, previa audiencia de los padres y de los abuelos, que debera虂n prestar su consentimiento, el derecho de comunicacio虂n y visita de los nietos con los abuelos, teniendo siempre presente el intere虂s del menor.

Las medidas que debe adoptar el juez si no hay acuerdo con respecto a la vivienda y el menaje familiar

Estas medidas esta虂n previstas en el art. 96 del CC. Para decidir sobre la atribucio虂n de la vivienda y el menaje familiar, se distingue si hay hijos o no sometidos a la patria potestad. Si hay hijos, la vivienda se atribuye al co虂nyuge que ostenta la guarda y custodia de los mismos; si los hermanos se han separado, el juez debe decidir teniendo en cuenta el intere虂s que necesita ma虂s proteccio虂n.

Si no hay hijos, el juez puede atribuir el uso de la vivienda, durante el tiempo que considere adecuado, al co虂nyuge no propietario. Esta decisio虂n debe tomarse siempre que su situacio虂n haga concluir que su intere虂s es el ma虂s digno de proteccio虂n.

Para disponer de los derechos sobre el local que constituye la vivienda familiar, es preciso que el titular actu虂e con el consentimiento del no titular o la autorizacio虂n judicial.

Si se dispone de la vivienda por medio de un contrato de arrendamiento, el art. 15 LAU establece que el co虂nyuge no arrendatario podra虂 continuar utilizando la vivienda cuando le sea atribuido de acuerdo con las disposiciones estudiadas con anterioridad. Para la eficacia de este derecho, la voluntad del no titular se debe comunicar al arrendador en el plazo de dos meses desde que se le notifico虂 la resolucio虂n judicial en que se le atribui虂a el uso de la vivienda en cuestio虂n. El co虂nyuge a quien se haya atribuido el uso de la vivienda arrendada de forma permanente o en un plazo superior al que reste por cumplir del contrato de arrendamiento, pasara虂 a ser el titular del contrato. El arrendatario

seguira虂 siendo el co虂nyuge contratante cuando el uso se conceda a su consorte por un plazo inferior al que resta para la finalizacio虂n del contrato de arrendamiento; en estos casos, el co虂nyuge que suscribio虂 el contrato de arrendamiento no pierde su condicio虂n de arrendatario y el co虂nyuge no arrendatario solo adquiere el uso.

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